Defensoría del Pueblo de Viedma

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Defensores patagónicos reclaman a Nación suspender aumentos en tarifas de gas y electricidad

Viedma.- La Red de Defensorías del Pueblo de la Patagonia, integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación “suspender la aplicación de nuevos aumentos en las tarifas, y trabajar junto con el aporte de los representantes de los usuarios, sobre un sendero tarifario claro, previsible con sustento en las diferentes condiciones geográficas, y que fomente el federalismo”.

La presentación fue rubricada por todos los Defensores del Pueblo de la Patagonia, entre ellos del Defensor del Pueblo del Municipio de Viedma, Marín Pérez Morando. Allí se remarcó también que “en lo que respecta a los comercios e industrias, existe una imposibilidad de trasladar estos costos a los bienes y servicios, lo que afecta sensiblemente la sostenibilidad de las respectivas unidades de negocio, y con ello, a las familias que dependen de los mismos. Un ejemplo sencillo y notorio es el impacto en la actividad turística invernal de la zona cordillerana, donde se presentan porcentajes de reservas muy por debajo de los valores necesarios”.

El informe da cuenta del impacto tarifario en la región a causa de los aumentos reflejados en las facturas de electricidad y gas.

En el documento, los Defensores del Pueblo ponen de manifiesto que los aumentos son desproporcionados e imprevisibles para las economías familiares, fueron impuestos en el peor período del año, el invernal; y remarcan las consecuencias de la desigualdad creada al uniformar los precios tarifarios y quitar subsidios abruptamente.

“La Región Patagónica es geográficamente muy diversa, con temperaturas variadas y si, además, son comparadas con localidades de zonas templadas de otras provincias, la equiparación pretendida violaría la pauta constitucional de razonabilidad e igualdad”, expresa la Red de Defensorías Patagónicas en el informe.

Los Defensores remarcaron la necesidad de que la determinación de las autoridades nacionales establezca “tarifas justas” y se ajuste a parámetros de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad.