Pérez Morando acompañó a la Defensora del Pueblo de Río Negro en la presentación de su informe anual
Viedma.- La defensora del Pueblo, Adriana Santagati, brindó su informe in voce con un repaso de las actuaciones del organismo durante el período 2018-2019, que se extendió por más de una hora. En el comienzo, enmarcó su gestión en un contexto de “alto índice inflacionario, con medidas económicas desfavorables para las personas, que tuvo repercusión en la Defensoría, con reclamos y con toda la tarea que nosotros desplegamos”.
Santagatti agradeció muy especialmente la presencia del Defensor del Pueblo de Viedma, Marín PérezMorando; del Defensor del Pueblo de San Antonio Oeste, Gabriel Bottari; de la Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Analía Woloszczuk; la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, María Eugenia Rodríguez.
La Defensora describió sus gestiones en temas relacionados a tarifas de los servicios públicos, salud, mediación en temas de medio ambiente, radares y seguridad vial, observación electoral, protección de los derechos de los pueblos originarios, entre otros.
Se refirió a los conflictos relacionados con la obra social Ipross: “El corte de servicios por parte de las prestadoras es una vulneración extrema de derechos, cuando un prestador tiene dificultades con la obra social, tiene que agotar la instancia administrativa, pero nunca puede utilizar de rehén a un paciente”.
En otro tramo de su exposición, al hablar sobre derechos del consumidor, Santagati informó que exigió transparencia para los usuarios con respecto a los descuentos inconsultos que el Banco Patagonia realizó de los seguros Sura.
Por otra parte, hizo mención al problema de acceso a tierra y vivienda: “La posibilidad del acceso a la tierra es lo más elemental para que cualquier ciudadano pueda acceder no solamente a su vivienda, sino también a realizar su primer proyecto productivo”.
“Cuando vemos tomas (de tierras) es lo contrario a lo que los Estados tienen la responsabilidad de hacer”, señaló y consideró que se debería tener en cuenta el principio de efectiva progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales.